News

Check out market updates

Introducción del Anteproyecto de la nueva Ley Hipotecaria

DIYA Inmuebles sigue asesorando a nuestros clientes y en este caso os ofrecemos la introducción del Anteproyecto de la nueva Ley Hipotecaria.

En esta ocasión, hemos querido centrarnos en un breve análisis de las modificaciones que supondrán para el sistema inmobiliario la aprobación de la nueva ley. El Gobierno está a punto de presentar su Anteproyecto de Ley sobre los Contratos de Crédito Inmobiliario y habrá cambios relevantes respecto a la legislación en vigor: más obligaciones para las entidades y los clientes, más papeleo (aunque en teoría más claro que en la actualidad) y mucha menos discrecionalidad para las partes para pactar condiciones especiales.

El texto que finalmente el Ministerio de Economía presente al Congreso trata de transponer la «Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial» (algo que debería haberse hecho en 2016 pero que se ha retrasado).

El Gobierno quiere una ley más garantista, que proteja a los usuarios, e intentará conseguirlo a través de una exposición mucho más detallada de cómo debe ser el contrato y las cláusulas incluidas en el mismo. De hecho, habrá incluso un contrato tipo, que no será de uso obligatorio pero que desde Economía pretenden que se acabe imponiendo como el modelo por defecto en la mayoría de las operaciones.
Con el mismo objetivo de proteger al consumidor, se reduce la «discrecionalidad», es decir, se imponen algunas cláusulas y límites que no podrán romperse ni siquiera por acuerdo expreso entre las partes. Por ejemplo, en lo que toca a los intereses de demora o comisiones por cancelación anticipada, el máximo que pueda cobrarnos el banco estará fijado por ley y no será posible que un cliente acuerde otras condiciones con su entidad.

Además, habrá más papeleo. El consumidor tendrá que leer y firmar más documentos. La teoría es que esas nuevas obligaciones aclararán cuestiones que ahora están oscuras: cláusulas sensibles, condiciones difíciles de comprender, obligaciones de las partes… Se acabó la letra pequeña: a partir de ahora, todo en grande y destacado lo más importante. Habrá que ver si es suficiente para conseguir el gran objetivo de esta ley, reducir la litigiosidad e incrementar la seguridad jurídica en un sector que se ha visto particularmente afectado por la crisis.

El Gobierno cree que imponiendo determinadas condiciones, y con los nuevos requisitos, dentro de diez años no nos encontraremos con centenares de nuevas demandas en los tribunales, con todo el coste y la inseguridad que eso genera. Porque además, no lo olvidemos, hablamos de un contrato con un plazo de 20-30-40 años, en el que la estabilidad normativa es fundamental.

La segunda consecuencia, aseguran en Economía, es que se protege más a los hipotecados en dificultades. Es decir, que habrá menos desahucios. Se alargan los plazos y se endurecen las condiciones del procedimiento de ejecución. O lo que es lo mismo, habrá que impagar más cuotas para que el banco pueda iniciar el proceso que desemboque en la entrega de la casa o el desahucio.

La tercera consecuencia no está en la ley, aunque las entidades avisan desde hace meses al respecto. Tampoco está claro que vaya a ocurrir, pero todo el mundo lo discute. Hablamos del posible enfriamiento del mercado hipotecario. En el sector, no son pocas la voces que alertan de que dejar al prestamista desprotegido ante los impagos o reducir su capacidad de maniobra puede tener efectos indeseados en forma de un encarecimiento de los préstamos y en la posible exclusión de aquellos clientes que no puedan aportar garantías suficientes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *