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El martes pasado se celebró la primera reunión del grupo de trabajo sobre pisos turísticos en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyos participantes fueron el Gobierno y las CCAA. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, explicó que el Ejecutivo central llevó a este grupo de trabajo su intención de reformar la Ley de Propiedad Horizontal, tal y como le piden las CCAA, que solicitan que se acabe con la unanimidad que se pide actualmente en las comunidades de vecinos para cambiar los estatutos en los que se regula el visto bueno a determinados acuerdos, entre ellos el permiso para que haya en el inmueble un arrendamiento turístico.

El alquiler turístico está en el punto de mira. Sus consecuencias están produciendo una respuesta por parte los distintos sectores de la sociedad que se ven dañados por esta forma de turismo. Cada vez está más claro que la solución tendrá que venir por parte del Gobierno.

Aparte de esta reforma, el gobierno analizará una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para determinar lo que es el alquiler de temporada, así como una «definición única» de vivienda de uso turístico para todo el país.

Ya la semana pasada, el Gobierno anunció la previsión de modificar la ley de arrendamientos urbanos y la de propiedad horizontal para abordar la cuestión del auge de viviendas de este tipo, uno de los principales retos al que se enfrenta el turismo. La opción sobre la que se trabaja es que para poder dedicar una vivienda al alquiler de uso turístico se requiera el voto favorable de al menos un mayoría de tres quintos de los propietarios.